El Concello de Castroverde deberá hacerse cargo de la manutención y el cuidado de una treintena de perros que aparecieron abandonados en una finca particular de este municipio lucense.
La jueza Estela San José Asensio, titular del Uuzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que instruye, entre otras causas, la operación Campeón, ha remitido un auto al alcalde instándole a asumir las competencias contempladas en la ley gallega de protección de animales, que obliga a los ayuntamientos a velar por la seguridad y el bienestar de los animales abandonados hasta que estos sean reclamados, acogidos o sacrificados. De no hacerlo, el concello podría ser sancionado.
Además, San José ha puesto en conocimiento de la Consellería de Infraestruturas, Territorio e Medio Ambiente la situación de desamparo en que se encuentran los canes, que vivían encerrados en una explotación ganadera emplazada en la parroquia de Paderne. Y allí continúan. De ellos, solo tres están identificados mediante microchip.
A principios de la semana pasada, agentes de la Guardia Civil detuvieron a un extrabajador de la granja como presunto autor de un delito de abandono de animales, si bien el hombre quedó en libertad tras prestar declaración. Desde entonces, la dueña del terreno, una anciana que está impedida, ha tratado de ocuparse de la alimentación de los perros con la ayuda de algún vecino. Pero la situación es límite y el futuro incierto. En esa línea, la Sociedade Protectora de Animales e Plantas de Lugo retiró cuatro ejemplares que se escaparon del recinto para encontrar comida y deambulaban por la vía pública. Otros también huyeron, pero volvieron.
El colectivo privado, que ha donado en torno a 500 kilos de pienso para alimentar a los canes, destaca que no tiene competencias legales, autorización ni capacidad para solucionar una situación de esta naturaleza.
Falta de coordinación
«Hay una descoordinación total. En este caso, las que tienen que actuar son las Administraciones, que son las que tienen las competencias. Pero todo el mundo se pasa la pelota y acaba en la Protectora, que es una entidad privada y con recursos muy limitados», destacó ayer el presidente de la sociedad lucense, Javier García Calleja.
Según distintas fuentes, la competencia en materia de animales domésticos abandonados recae en primera instancia en los concellos, que están capacitados para imponer sanciones leves. Cuando el caso es más grave, la Administración local debe informar a la delegación provincial de Medio Ambiente, que tras estudiar el expediente puede dar parte a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza para que adopte otras medidas. Dada la magnitud del caso, el alcalde de Castroverde señaló días atrás que la solución tendría que venir de la Xunta y del Seprona.
El futuro de los canes es incierto porque nadie quiere hacerse cargo de ellos
La Protectora de Animales de Lugo subraya que la competencia es de la Administración
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/09/24/jueza-obliga-castroverde-cuidar-30-perros-abandonados/0003_201209G24P6991.htm
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