Artículo de Marga Parés Arroyo, tomado de El Nuevo Día.com
Aunque existe legislación para el bienestar y protección de los animales, su
cumplimiento es poco, así como la cantidad de funcionarios adiestrados para
fiscalizar y ejecutarla. (Vanessa Serra Díaz)
La inacción gubernamental, la irresponsabilidad ciudadana y la falta de suficientes garras de ley para poder proceder eficazmente contra el maltrato animal han sido obstáculos que han abonado a la legión de canes abandonados en las calles de Puerto Rico.
La ola migratoria ha disparado aún más la cantidad de perros desamparados, población que, según estimados de organizaciones que los auxilian, podría incluso sobrepasar los 300,000.
Aunque existe legislación para el bienestar y protección de los animales, su cumplimiento es poco, así como la cantidad de funcionarios adiestrados para fiscalizar y ejecutarla.
Así lo denuncian portavoces de entidades y organizaciones sin fines de lucro que llevan años socorriendo a perros, gatos y otros animales desvalidos, situación que, según su experiencia, ha ido en aumento.
“Existe la OECA (Oficina Estatal para el Control de Animales), que es quien multa y administra el cumplimiento de la Ley (154 para el Bienestar y la Protección de los Animales), pero no lo hace”, denunció Sonia Micheo, administradora de Gestión Pro Vida Animales Desamparados (GPVAD).
La GPVAD es una entidad situada en Barceloneta, creada hace un año para educar, crear conciencia y buscar alternativas para el problema de sobrepoblación de animales en el País.
La OECA está adscrita a la Secretaría Auxiliar para Salud Ambiental. Entre sus tareas se destaca la creación de reglamentación sobre el control y protección de animales para reducir la cantidad de animales en la calle y fomentar su tenencia responsable.
La otorgación de subvenciones a municipios y empresas privadas para incentivar la creación de Centros de Control y Protección de Animales, así como la creación de programas educativos también son parte de los deberes de la OECA.
Mientras tanto, desde 1912 la ley orgánica del Departamento de Salud les impone a los municipios la responsabilidad del recogido de animales realengos y muertos.
La Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (2008) define el término de “animal realengo” como “aquel que no tenga guardián conocido”.
En busca de soluciones
Durante una mesa redonda para dialogar sobre la sobrepoblación de perros abandonados en el País y las soluciones a esta situación, expertas en el tema denunciaron los pocos recursos del gobierno para lidiar con este problema de índole social.
“Durante años, el gobierno ha estado ausente (de la búsqueda de soluciones). Por ejemplo, tenemos un albergue (de animales) en Guaynabo desde el 1976 y no hemos recibido ninguna ayuda (económica) del municipio. No le pedimos al gobierno hazlo tú, lo que le decimos es ayúdanos a hacerlo más fácil”, manifestó Maritza Rodríguez, directora ejecutiva del Humane Society of Puerto Rico, con sede en el pueblo de Guaynabo.
En Puerto Rico hay tres Centros de Control de Animales (San Juan, Carolina y Arecibo). Sin embargo, según la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, los municipios, en coordinación con la Oficina Central de Asuntos Municipales (OCAM), están obligados “a atender con prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, así como al recogido y cuidado de estos”.
Este estatuto también establece que “todo municipio queda obligado a desarrollar un plan de manejo para casos de emergencia, de recogido y protección, relacionado a los animales, so pena de no proveerles o cancelarles fondos provenientes de la OECA”.
Empero, ante la inacción o poca acción del gobierno, organizaciones sin fines de lucro, albergues y santuarios de animales han tomado las riendas para tratar y buscar soluciones a esta problemática.
“Eutanasiar a un animal (sin hogar) no está funcionando. Es hora de un basta ya. Hay que ser proactivo, no reactivo”, dijo Rodríguez, quien criticó la cantidad de animales que son eutanasiados por administraciones municipales o compañías que contratan para lidiar con la situación.
Según Beba Torruella, vicepresidenta de GPVAD, es mucho el dinero que tienen que invertir y estricto el procedimiento que tienen que seguir los municipios para eutanasiar un animal.
“Puede costarles hasta $200 por eutanasiar una mascota, cuando yo lo puedo esterilizar por $20”, dijo.
Según información de la OECA, la esterilización de la hembra (extirpación quirúrgica de ovarios y útero) y del macho (castración/extirpación de los testículos) es una operación veterinaria efectuada con anestesia general.
En la oficina privada de un veterinario, el costo por esterilización de un perro o gato ronda los $100 a $200, dependiendo de varios factores, incluyendo su tamaño y peso.
Según un análisis de la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, una perra y su camada pueden producir unos 67,000 canes en seis años. Asimismo, una gata y su primera camada pueden producir hasta 420,000 gatitos en siete años. Esto se debe a que una perra sin esterilizar puede parir dos veces al año, mientras que una gata sin operar puede hacer lo propio unas tres veces cada año.
Contra el maltrato animal
En Puerto Rico hay 16 oficiales investigadores de Crueldad de Animales (OICA), organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación de querellas de maltrato y negligencia animal.
“Recibimos de 30 a 35 querellas diarias a nuestro centro de mando”, dijo Vivian Godoy, vicepresidenta de OICA.
Según indicó, el abandono es el tipo de maltrato de animal más común. La Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales establece que “abandono” es “la dejadez o descuido voluntario, temporal o permanente de las responsabilidades que tiene el guardián del animal”.
“Muchas veces lo dejan amarrado dentro de la casa. Entonces, tenemos que buscar a la Policía para que nos ayude a hacer un allanamiento”, dijo Godoy.
La oficial investigadora lamentó la escasez de autoridad y herramientas que la OICA tiene para lidiar con los casos de maltrato animal.
“Para poder entrar a la propiedad y multar (al guardián o cuidador del animal) necesitamos acudir a la Policía y ellos ya no pueden más”, manifestó.
Godoy comentó que una solución que ayudaría sería establecer salas judiciales especializadas únicamente en casos de la Ley 154.
“Es cuesta arriba sentarse a esperar por una orden en fiscalía para poder actuar. Nuestra meta es tratar de sacar al animal del maltrato rápido, pero hay varias variantes que lo obstaculizan, como la falta de un marco legal que nos autorice (a proceder sin la ayuda de la Policía) y que la Policía (estatal) suele ser lenta en su respuesta (a ayudar en estos casos)”, indicó Godoy.
La opinión de varias expertas en el tema entrevistadas fue que la Policía municipal suele ser más proactiva y brindar asistencia más rápido en estos casos.
Combaten el abandono
Según Lizette Díaz, presidenta de Pet SOS Foundation, si más personas rescataran y adoptaran animales abandonados no habría una sobrepoblación de animales realengos tan alta en el País.
Pet SOS es una organización sin fines de lucro cuya misión es educar sobre el trato responsable de las mascotas a través de varias actividades que fomentan la protección, adopción y esterilización de los animales.
“Por eso hay que promover la esterilización y ayudar a personas de la comunidad (que no puedan económicamente costearlo) a que esterilicen a sus mascotas”, dijo Díaz.
Según dijo, cada vez es mayor la cantidad de dueños o guardianes de mascotas que abandonan a sus animales en las calles del País o frente a santuarios o albergues. Estos lugares, sin embargo, están tan sobrepoblados que algunos ya no están admitiendo más animales para cuidarlos en lo que les consiguen un hogar donde vivir a través de la adopción.
“Cada vez es mayor la sobrepoblación de animales en las calles de Puerto Rico”, lamentó Díaz.
Según Rodríguez, mientras antes la mayor cantidad de animales para adopción eran satos (chuchos), desde hace dos años se ha notado un aumento de animales de raza que son abandonados por dueños que migran del país.
“Se puede decir que ahora mismo hay un 50% satos (chuchos) y 50% de raza para adopción”, dijo.
Entre las soluciones propuestas para que la sobrepoblación de animales sin hogar no siga en aumento, Rodríguez mencionó el estimular la tenencia responsable de mascotas y su esterilización a través de incentivos.
Como ejemplo, señaló que hay estados donde se forma un registro de mascotas a través del pago de unas licencias anuales. Si el animal está esterilizado el costo anual de la licencia es de $5. De lo contrario, el dueño de la mascota tendría que pagar $150 cada año al renovar la licencia.
Rodríguez también recordó la reciente firma de una orden ejecutiva (2015-8) que ordena a todas las agencias del Estado Libre Asociado a establecer una política pública en torno al trato humanitario de los animales y formalizar acuerdos colaborativos con agencias no gubernamentales para maximizar su protección.
Además, The Human Society de Estados Unidos invertirá $600,000 para el adiestramiento de agentes, el traslado de personal especializado a la Isla, la creación de campañas educativas y la compra de equipo para detectar las señales de maltrato en animales.
Fuente: este post proviene de Stop al maltrato animal, donde puedes consultar el contenido original.
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