Un año de cárcel es la condena máxima a la que se enfrentará el dueño de la antigua perrera de Vincios, José Carlos Fernández, detenido este martes por un presunto delito de maltrato animal y otro contra la salud pública después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizase en su propiedad quince perros enfermos, entre suciedad y en convivencia con los cadáveres de otros canes.
Así lo establece el Código Penal, que además estipula para estos casos entre uno y tres años de inhabilitación para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales. También la Xunta actuará si la justicia le declara culpable, en cuyo caso le impondría una sanción administrativa no superior a los 15.000 euros, informaron ayer fuentes de la Consellería de Medio Ambiente.
Sin embargo, el proceso contra Cánidos Val Miñor -nombre de la empresa, que hasta 2012 prestaba servicio a la Mancomunidad del Val Miñor- acaba de iniciarse y su responsable, en libertad con cargos, todavía está pendiente de pasar a disposición judicial.
Ayer, Juan Carlos Fernández asistió a una nueva inspección de las instalaciones por parte del Seprona, que en días anteriores había hallado en el recinto a una quincena de animales en condiciones de "desnutrición avanzada" y con "enfermedades contagiosas varias", así como fosas comunes con restos de canes muertos.
Además de agentes del Seprona, ayer acudieron a la instalación técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, que solicitaron al centro de acogida de animales abandonados de Armenteira (CAAN) que se hiciera cargo de los animales.
Según informó la Diputación de Pontevedra, los trabajadores del CAAN que acudieron a primera hora de la tarde a recoger a los perros no constataron lesiones físicas ni desnutrición severa en los animales, pero sí problemas de piel y parásitos para los que recibirán tratamiento en los próximos días. También fueron identificados con microchip.
La actividad desarrollada por Cánidos Val Miñor desde hace más de una década ya fue denunciada en 2012 por supuestos sacrificios sin control e irregularidades en el enterramiento de los animales, por los que deberá aún ser juzgado. Además, por este motivo la Mancomunidad rescindió su contrato con la empresa, que recogía perros abandonados en toda la comarca.
El gerente de la empresa se declaró ayer un "amante de los animales" y, pese a reconocer que los perros "no estaban en las mejores condiciones", defendió su actividad en la perrera, para la que ya no estaba autorizado. "Me vi obligado a seguir porque nadie se hacía cargo de ellos", señaló.
http://www.farodevigo.es/comarcas/2014/05/08/ano-carcel-pena-maxima-aplicable/1019033.html
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