Unos sesenta municipios catalanes continúan sacrificando perros y gatos

La Generalitat no tiene previsto levantar la moratoria del año 2007 a la aplicación de la ley de protección animal

Ónix, un simpático Yorkshire Terrier de cinco años de edad, fue a parar hace unos meses al refugio municipal de animales de Sant Boi de Llobregat (RMAC). Dentro de su mala fortuna, se puede decir que tuvo suerte. Si hubiera sido abandonado en alguno de los 66 municipios que se acogieron a la moratoria para aplicar la ley de protección animal aprobada en el año 2003, quizá ya hubiera desaparecido. A la espera de que se tramite una nueva ley de protección animal, la Generalitat de momento no tiene pensamiento de revisar la prórroga que dio hace cuatro años a los ayuntamientos que alegaron tener dificultades para cumplir con la norma. El aplazamiento legal tenía como condición sine qua non el presentar un plan en el que cada municipio especificara las acciones a desarrollar y el plazo en que se comprometía a alcanzar dichos objetivos establecidos.

Diversas asociaciones proteccionistas de los animales se quejan de la situación de embarrancamiento en que se encuentra esta prohibición. “La moratoria se tenía que conceder solo para un año, en virtud de unos requisitos, entre los cuales estaba el hacer campaña contra el abandono animal, sancionarlo y promover las adopciones, pero estas administraciones locales continúan matando y siguen sin controlar el maltrato animal”, se lamenta Yolanda Vallbuena, directora jurídica de la Fundación Altarriba.

Pero los municipios no están por la labor de continuar avanzando en la protección de los animales si no hay financiación suficiente. Al menos esto es lo que se desprende de las reivindicaciones de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Su presidente, Miquel Buch, expone la paradoja de que mientras los ayuntamientos “no tienen la obligación de ayudar” a las familias con problemas económicos, “sí deben mantener” a los perros, gatos y animales exóticos que estas abandonan. En este sentido, cifra entre 6 y 11 euros lo que vale mantener un can al día. Por tal de evitar que los municipios tengan que hacer frente a estos costes, Buch reclama que “se replantee” la actual legislación sobre la materia y que se abran “líneas de solución”.

Por su parte, la Fundación Altarriba asegura que se está “incumpliendo” la ley ya que hay protectoras públicas que “se niegan a recoger más animales” redirigiéndolos a centros privados, muchos de los cuales se encuentran sobresaturados. Este es el caso de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró (SPAM). La asociación, de referencia en este ámbito y que da servicio a varios ayuntamientos, ha alertado de que si no consigue vaciar las instalaciones de gatos, en primavera se verá obligada a renunciar a nuevas acogidas. Su presidenta, Sílvia Serra, asegura que la entidad, sin ánimo de lucro, está subsistiendo “con muchas dificultades”, ya que cada vez menguan más los ingresos procedentes de las administraciones públicas.

Y es que no todos los municipios disponen de protectoras propias para dar albergue a animales extraviados o abandonados por sus amos. Por este motivo muchos de ellos externalizan el servicio a asociaciones o empresas privadas. Otras veces son los Consells Comarcals, como el del Maresme, los que gestionan los centros para animales.

Solo el 10% de perros y gatos están censados
A pesar del creciente número de animales abandonados, Sílvia Serra considera que la eutanasia también cuesta “mucho dinero”. En este sentido, insiste en que lo importante es que los municipios emprendan medidas contra el abandono, impongan multas cuando los animales no vayan identificados e, incluso, que se generalice un impuesto por la tenencia de animales de compañía, el cual podría servir para financiar los centros de acogida. "Los que no practicamos la eutanasia mantenemos el equilibrio mediante las adopciones", explica.

Por su parte, Miquel Buch alerta de que solo el 10% de los perros y gatos están censados en los municipios. “En parte es culpa nuestra”, reconoce el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, “pero es que necesitaríamos muchos más efectivos policiales para controlarlo”, se justifica. Como una de las soluciones al problema, Buch propone que los comercios que hacen negocio con la venta de animales de compañía entreguen a las mascotas con el microchip incorporado.

Según la Fundación Affinity cada 3,5 minutos se recoge un animal de compañía en España. Aunque la lacra va mucho más allá del abandono. Diversas asociaciones proteccionistas continúan alertando de las malas condiciones en que viven muchos perros de cazadores. Una de las últimas investigaciones puso al descubierto este caso que ha consternado al municipio de Montcada i Reixac.

http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20120118/54244540697/sesenta-municipios-catalanes-continuan.html